La nueva gestión de gobierno, basada en pilares de un amplio respaldo popular, está obligada a encarar responsablemente los proyectos de explotación de las riquezas naturales del país, mirando mas allá de la coyuntura de ganar votos o atender las presiones, para encarar el futuro del país. Uno de los proyectos más ambiciosos, en el que el país ha depositado grandes esperanzas, es el Mutún, que lamentablemente no responde hasta ahora a las expectativas ni a las potencialidades que tiene, y que muestra una preocupante demora en su ejecución. Desde hace meses se viene anunciando que el gobierno espera la aprobación del plan de inversiones de Jindal, la empresa hindú que se adjudicó la explotación del hierro. Lamentablemente, hasta ahora ese requisito se mantiene en promesa. Las inversiones de Jindal en el Mutún serán evaluadas en marzo, según el nuevo ministro de Minería, José Pimentel, quién aseguró que la contratista hindú no tiene excusas para seguir retrasando el desarrollo del proyecto.
El contrato está en vigor desde la suscripción hace tres años, pero debido a cláusulas poco claras, aparece como si se contabilizara recién desde el 11 de mayo pasado, pues esa es la fecha en la que la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) entregó oficialmente las tierras a la siderúrgica hindú, aunque desde el mismo momento de la firma del acuerdo ya entró en posesión de la concesión, y como prueba de ello es que acumuló concentrados para exportarlos en bruto.
Pero al país lo que le interesa es la industrialización. Para exportar concentrados no se necesitaba de la tecnología de punta que dice tener Jindal, que ha evitado hacer las inversiones comprometidas alegando demoras en la plena posesión de los yacimientos, y sugiriendo que es necesario que se efectúen cambios en el contrato. El contrato de riesgo compartido suscrito entre la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) y la empresa india Jindal Steel & Power JSB tiene plena fuerza legal, no sólo porque está comprometida la fe del Estado, sino porque está refrendado por una ley.
La Jindal tiene que demostrar que hasta el próximo mes de mayo habrá invertido por lo menos 300 millones de dólares en el proyecto, situación que de no cumplirse obligaría al Gobierno a tomar las medidas legales correspondientes, como la ejecución de las boletas de garantía. De acuerdo al contrato de riesgo compartido la empresa Jindal, se obliga a una inversión de 300 millones de dólares anuales. El convenio rige desde el año 2007 y establece que la inversión, debe llegar a 1.500 millones hasta el 2012 y cubrir hasta el total comprometido de 2.100 millones de dólares hasta el 2015.
Sin embargo hasta el momento, la Jindal ha efectuado trabajos periféricos y explotación del mineral en bruto, inclusive haciendo compromisos de exportación, pero sin atender las inversiones para el rubro industrialización.
Lo cierto es que desde la firma del contrato el proyecto tuvo problemas por el incumplimiento de varios puntos clave del documento, como la falta de un plan de inversiones y de trabajo, por parte de la Jindal, y la falta de suministro de gas natural y consolidación de propiedad de las tierras, entre otros, por parte del Estado.
Ex autoridades de minería y actuales miembros del directorio de la ESM, revelaron que la Jindal, hasta el momento no tiene completos los estudios de factibilidad y solamente cuenta con una cuarta parte la inversión necesaria para afrontar el proyecto, que es de 2.100 millones de dólares comprometidos a tiempo de adjudicarse los yacimientos. Al parecer la empresa adjudicataria sólo dispone de 600 millones y el resto es decir 1.500 millones de dólares se pretende financiar vendiendo bonos y acciones.
Recordemos que en el pasado, el país ya sufrió las malas experiencias de empresas que habían inscrito como patrimonio propio los contratos de operaciones en Bolivia, con el fin de inflar su capital y elevar la cotización de sus acciones en las bolsas de valores. En este sentido, algunos analistas señalaron que Jindal solamente buscaba asegurarse las reservas para competir con otras industrias del acero en los mercados de capitales del planeta.
El contrato está en vigor desde la suscripción hace tres años, pero debido a cláusulas poco claras, aparece como si se contabilizara recién desde el 11 de mayo pasado, pues esa es la fecha en la que la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) entregó oficialmente las tierras a la siderúrgica hindú, aunque desde el mismo momento de la firma del acuerdo ya entró en posesión de la concesión, y como prueba de ello es que acumuló concentrados para exportarlos en bruto.
Pero al país lo que le interesa es la industrialización. Para exportar concentrados no se necesitaba de la tecnología de punta que dice tener Jindal, que ha evitado hacer las inversiones comprometidas alegando demoras en la plena posesión de los yacimientos, y sugiriendo que es necesario que se efectúen cambios en el contrato. El contrato de riesgo compartido suscrito entre la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) y la empresa india Jindal Steel & Power JSB tiene plena fuerza legal, no sólo porque está comprometida la fe del Estado, sino porque está refrendado por una ley.
La Jindal tiene que demostrar que hasta el próximo mes de mayo habrá invertido por lo menos 300 millones de dólares en el proyecto, situación que de no cumplirse obligaría al Gobierno a tomar las medidas legales correspondientes, como la ejecución de las boletas de garantía. De acuerdo al contrato de riesgo compartido la empresa Jindal, se obliga a una inversión de 300 millones de dólares anuales. El convenio rige desde el año 2007 y establece que la inversión, debe llegar a 1.500 millones hasta el 2012 y cubrir hasta el total comprometido de 2.100 millones de dólares hasta el 2015.
Sin embargo hasta el momento, la Jindal ha efectuado trabajos periféricos y explotación del mineral en bruto, inclusive haciendo compromisos de exportación, pero sin atender las inversiones para el rubro industrialización.
Lo cierto es que desde la firma del contrato el proyecto tuvo problemas por el incumplimiento de varios puntos clave del documento, como la falta de un plan de inversiones y de trabajo, por parte de la Jindal, y la falta de suministro de gas natural y consolidación de propiedad de las tierras, entre otros, por parte del Estado.
Ex autoridades de minería y actuales miembros del directorio de la ESM, revelaron que la Jindal, hasta el momento no tiene completos los estudios de factibilidad y solamente cuenta con una cuarta parte la inversión necesaria para afrontar el proyecto, que es de 2.100 millones de dólares comprometidos a tiempo de adjudicarse los yacimientos. Al parecer la empresa adjudicataria sólo dispone de 600 millones y el resto es decir 1.500 millones de dólares se pretende financiar vendiendo bonos y acciones.
Recordemos que en el pasado, el país ya sufrió las malas experiencias de empresas que habían inscrito como patrimonio propio los contratos de operaciones en Bolivia, con el fin de inflar su capital y elevar la cotización de sus acciones en las bolsas de valores. En este sentido, algunos analistas señalaron que Jindal solamente buscaba asegurarse las reservas para competir con otras industrias del acero en los mercados de capitales del planeta.
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